Carmen Planas acierta al pedir que se garantice la libertad de quienes quieran trabajar durante la huelga del 11 de noviembre. Quien decide secundarla debe poder hacerlo sin represalias; quien decide trabajar debe poder acudir a su puesto sin intimidaciones. La legislación reconoce expresamente esa libertad y permite la información sobre la huelga de forma pacífica. Garantizar ambas decisiones forma parte de las obligaciones del Estado. Las amenazas y los cierres preventivos que denuncia CAEB merecen atención. También conviene distinguir las posibles conductas intimidatorias del ejercicio legítimo de la protesta. Una huelga puede alterar la actividad cotidiana; esa es parte de su capacidad de presión. Lo que no puede hacer es convertir el miedo en una condición para decidir. Pero la petición de Planas invita a una reflexión que va más allá del dispositivo policial: ¿qué hacemos durante el resto del año para que ese derecho a trabajar pueda ejercerse de verdad? Releyendo el "Libro blanco sobre el papel del Estado en la economía española", dirigido por Rafael Termes y publicado en 1996, encontramos un debate que merece recuperarse. El capítulo dedicado al mercado de trabajo sostenía que el crecimiento económico, por sí solo, resultaba insuficiente para resolver el desempleo si persistían obstáculos institucionales a la contratación. También advertía de la resistencia a reformar cuando el coste político inmediato pesa más que los beneficios futuros. Esa advertencia sigue siendo una buena pregunta para cualquier gobierno: ¿está dispuesto a corregir aquello que funciona mal, aunque hacerlo incomode a sus apoyos? Aplazar una decisión puede resultar rentable electoralmente. Sus consecuencias, en cambio, pueden acompañar durante años a quienes buscan su primer empleo, intentan contratar o quieren poner en marcha un negocio. El capítulo era especialmente crítico con los sindicatos, a los que reprochaba haber contribuido a "perpetuar las distorsiones laborales heredadas del franquismo". Cuestionaba la conservación de determinadas estructuras laborales y la resistencia a reformarlas. Treinta años después, esa crítica invita a preguntar qué obstáculos han ayudado a eliminar los sindicatos, qué reformas han rechazado y qué resultados han obtenido para quienes representan. El documento incorporaba otra observación que conviene recordar ante una noticia protagonizada por la patronal: cuestionaba que acuerdos negociados desde la realidad de grandes empresas se trasladaran a pequeñas empresas con capacidades muy diferentes. Su crítica alcanzaba también a la representación empresarial. Defender la economía de mercado exige examinar los privilegios y las barreras que pueden beneficiar a quienes ya están instalados. Entre las propuestas del libro, recuperaría especialmente la reducción de las cargas sobre los empleos de salarios más bajos, respetando el equilibrio presupuestario; una formación profesional vinculada a las necesidades productivas; una mayor competencia y unas condiciones que faciliten la iniciativa empresarial. También merece atención su defensa de un marco laboral más previsible. La protección de los trabajadores debe valorarse tanto por las garantías de quienes tienen empleo como por las oportunidades de quienes intentan acceder a él. Hay, además, una conexión especialmente relevante con esta convocatoria. Los sindicatos sitúan la vivienda y las mejoras salariales entre los motivos de la huelga. El libro ya incluía la reforma de los mercados del suelo y del alquiler entre las actuaciones relacionadas con el empleo. En Mallorca debemos discutir conjuntamente las oportunidades laborales y las condiciones para vivir donde se trabaja. Una política de empleo pierde parte de su eficacia cuando la vivienda dificulta aprovechar esas oportunidades. Ahora bien, sería inexacto afirmar que desde 1996 no se hizo nada. La reforma de 2012 modificó las indemnizaciones por despido improcedente y eliminó la autorización administrativa previa para determinados despidos colectivos, avanzando en algunas direcciones planteadas por aquel documento. Reconocerlo permite discutir con mayor rigor qué funcionó, qué quedó pendiente y qué necesita corregirse. Tampoco todas las propuestas de entonces pueden trasladarse automáticamente al presente: reducir prestaciones no garantiza, por sí mismo, que aparezcan empleos. No podemos demostrar cómo sería hoy nuestra sociedad si hubiéramos seguido otro camino. Pero sí creo que, si hubiéramos asumido antes y con mayor continuidad algunas de aquellas directrices — mejor formación, menos obstáculos a la contratación, mayor competencia y responsabilidad en el gasto público —, otro gallo cantaría. La convocatoria de esta huelga, a las puertas de unas elecciones, merece también una valoración política. CCOO ha defendido su oportunidad precisamente porque permite exigir compromisos antes de votar. Protestar y votar son compatibles. Pero pedir nuevas promesas exige también evaluar las anteriores. Quienes denuncian los resultados de un modelo deben explicar qué han hecho para transformarlo y qué están dispuestos a revisar de su propia actuación. Reclamar cambios mientras se defienden las inercias que los dificultan sería una incoherencia. Estudiar a última hora puede ayudar a aprobar un examen; no sustituye el trabajo de todo el curso. Esa exigencia debe aplicarse tanto a los representantes sindicales como a quienes han gobernado. Una movilización no debería desplazar el balance de gestión ni permitir que las nuevas promesas releguen los compromisos anteriores. Con las elecciones generales del 29 de noviembre por delante, los ciudadanos tenemos una responsabilidad concreta: valorar la gestión del presidente del Gobierno y de sus ministros y decidir si merece continuidad o necesita un cambio. Ese balance debe hacerse con decisiones adoptadas, compromisos cumplidos y resultados verificables. La movilización sindical no puede sustituirlo ni diluir la responsabilidad de quienes han gobernado. Por mi parte, considero que necesitamos un cambio de rumbo. Una continuidad que no reconoce sus errores ni modifica su forma de gestionar corre el riesgo de prolongar los mismos problemas. El cambio que defiendo debe concretarse en prioridades claras, reformas razonadas, responsabilidad en el gasto público y responsables que respondan por sus resultados. Esa misma exigencia deberá aplicarse a quienes reciban la confianza ciudadana para gobernar. La petición de CAEB es pertinente y debe servir para elevar la exigencia a todos los responsables públicos y sociales. El 11 de noviembre debemos garantizar la libertad de hacer huelga y de trabajar. El 29 nos corresponde decidir, con memoria y criterio, a quién confiamos la responsabilidad de mejorar nuestra sociedad. Y después, gobierne quien gobierne, seguir exigiendo que cumpla.